En un nuevo revés judicial para el Gobierno, el juez Enrique Lavie Pico dispuso la habilitación de la feria judicial de verano para abordar los amparos que ponen en tela de juicio la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/2023, promovido por Javier Milei.
Esta medida no solo aborda las reformas laborales suspendidas en dos cautelares, sino todo el decreto. El amparo colectivo iniciado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad fue desarmado, y ahora cada caso se tramitará por separado, lo que amplía la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad.
La resolución del juez va más allá de simplemente habilitar la feria judicial. Lavié Pico dispuso que las actuaciones vinculadas al proceso colectivo sean remitidas a las jurisdicciones correspondientes, permitiendo que jueces federales de diversas jurisdicciones resuelvan casos relacionados con el DNU.
El juez consideró que la solicitud del Estado Nacional para acumular las causas en el fuero Contencioso Administrativo Federal se volvía “inoficiosa”, ya que la normativa cuestionada modifica leyes que regulan diversas materias que se tramitan en diferentes ámbitos judiciales. Esta decisión permite examinar de manera independiente y en relación a cada materia ante los diferentes tribunales en su competencia específica.
El Gobierno, que buscaba centralizar los casos en un expediente conjunto, enfrenta ahora la opción de apelar la decisión y la incertidumbre sobre si los amparos se analizarán de manera separada o consolidada en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
Nuevo freno
La Justicia respondió al pedido de la CTA y emitió otra medida cautelar contra el DNU, buscando detener la reforma laboral, alineándose con la postura previa de la CGT. La decisión de la Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo detiene las reformas laborales impulsadas por el presidente Milei, hasta que se resuelva el caso en su totalidad.
En los fundamentos de la resolución, los jueces alertan sobre “los graves riesgos de que el conflicto social, ya vislumbrado en los últimos días de 2023, se intensifique y/o derive en hechos de violencia excepcional”.
La presentación de la CTA, liderada por Hugo Yasky, sigue la misma línea que la de la CGT, lo que llevó a resoluciones coincidentes.
Dada la convocatoria a un paro general para el 24 de enero y la decisión de la CSJN de no tratar inmediatamente el proceso original relacionado con el cuestionado DNU, los jueces destacan que el peligro en la demora es mayor, considerando las importantes modificaciones introducidas por el DNU.
Se anticipa que tanto esta resolución como la que acepta la solicitud de la CGT serán apeladas por el Gobierno Nacional mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, para lo cual cuentan con tres días una vez notificados. Dicha notificación todavía no fue recibida por las autoridades.
“El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia”, dijo al respecto el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.